Jorge Reinaldo Vanossi, constitucionalista, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales: calificó al proyecto que obtuvo media sanción en Diputados como una “verdadera chapucería” jurídica. Dijo que había que tener en cuenta las diferencias con los otros países y citó el caso de EEUU -mencionado varias veces por otros expositores- allá, afirmó Vanossi, “la legislación de fondo es local y acá nacional”. Se refirió a los art. 19 y 16 de la Constitución Nacional. El art. 19 protege “las acciones privadas”, remarcó, y distinguió entre el interés jurídico de la moral pública y de la privada. Al referirse al tan invocado art. 16 recordó que ya en 1875 la Corte Suprema afirmaba que la “verdadera igualdad” consiste en aplicar la ley según “las diferencias constitutivas, considerando la naturaleza y el interés social”. Pidió una ley nacional que contemple de modo distinto las uniones que son diferentes. “Las cosas deben ser llamadas por lo que realmente son”, “se debe atender a la naturaleza de las cosas”. “Las denominaciones”, enfatizó, “no pueden confundir ni confundirse”. Dijo que no ve mal que se legalicen las “uniones civiles”, pero que es contrario a que se admita la adopción. “Las minorías tienen derechos”, sostuvo, “pero los derechos de las mayorías y las minorías son limitados”, y añadió: “las pretensiones excesivas de las minorías dieron origen a dos guerras mundiales”. Entregó finalmente un dictamen de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales que considera inconstitucional el proyecto en estudio.
Alejandro Molina, defensor de menores: arrancó definiendo al derecho como “el orden social justo” y aclaró que “lo justo es dar lo suyo a cada uno”. “Hoy buscamos lo justo para una minoría”, dijo, y “escuchamos hablar de derechos humanos”, pero “no toda pretensión humana es un derecho”. Distinguió entre la persona del homosexual (al que “debemos el mayor respeto y cuidado”) y sus pretensiones legales. Remarcó lo beneficios que el matrimonio produce, amén de los personales, en el “medio social”. Mencionó los intereses demográficos de nuestro país, “en Argentina nos reproducimos poco”. Destacó los derechos y necesidades de los niños que necesitan de papá y mamá, “¿qué es esto de decir que pueden tener dos papás?” “¿quién va a cumplir la función maternal?”. No quieren que se hable de la naturaleza de las cosas entonces que soy ¿“el mono”?, preguntó el defensor conocido por ese apodo. No necesitamos nuevos adoptantes, enfatizó, “así no se soluciona el problema de los niños”. Describió los criterios que se usan para elegir adoptantes, teniendo en la lista matrimonios jóvenes, matrimonios mayores, personas solteras; la elección del juez dependerá, explicó, de la edad, historia y necesidades del menor. Aceptó para los homosexuales una figura alternativa, incluso una “unión civil con plazos”.
Amparo Llanos Villanueva, abogada peruana, especialista en los derechos humanos en el derecho internacional, ex instructora de los Cascos Azules de la ONU: aclaró que iba a hablar desde la perspectiva de las Naciones Unidas. Para la ONU, afirmó, las minorías surgen básicamente de tres elementos: cultura/lengua, etnia y religión. Remarcó que los derechos humanos son universales y que existe un debate sobre el marco en el que debe contextualizarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese debate, explicó, algunos privilegian la cultura occidental, pero “occidente no inventó los derechos humanos, los sistematizó”, preguntó después ¿qué pasaría con los aborígenes si legislan sobre este tema?, acotando “porque su concepción es distinta”. “No podemos decir que lo occidental es universal”, resaltó. Destacó que Naciones Unidas nuclea a más de 190 países y que sólo 8 han legalizado el “matrimonio” homosexual. Se refirió finalmente al art. 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que habla del “derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia”, sin incluir otras condiciones que impidan la restricción.
Oscar Ameal, Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil: distinguió entre el positivismo que ve en el derecho sólo “un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad” y el iusnaturalismo “regido y ordenado por los principios fundamentales que manan del derecho natural”. “El derecho natural se basa en principios básicos de justicia” válidos para “todos los pueblos y todos los tiempos”, afirmó. “El matrimonio, como institución, surge del derecho natural”. Al considerar la institución tenemos, aclaró, que tener presente “su esencia y su fin”. Definió al matrimonio como “la unión plena y duradera de dos personas de distinto sexo” y afirmó que “una institución así no se puede cambiar de un día para el otro”. El “derecho positivo”, puntualizó, no puede desconocer normas superiores. Describió la función de los jueces que aplican “con equidad” la norma en un caso concreto y reclamó que las leyes no sean caprichosas, “que ordenen en forma justa las conductas humanas”. Sostuvo que el “matrimonio” homosexual “alteraría el orden público” y que la norma afectaría a la mayoría de la población. Dijo que los homosexuales pueden usar una figura jurídica distinta para que no sean “discriminados” los heterosexuales que ya se casaron con otra concepción del matrimonio, “no se les puede cambiar el caballo a mitad del río”, concluyó.
Leonardo Mc Lean, Decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral: comenzó con su testimonio personal, lleva 52 años de casado, tiene 10 hijos y 25 nietos. Señaló que se trata de uno de los acontecimientos más importantes de la historia, “serio, irreversible, con consecuencias profundas y duraderas”. Destacó que “toda discriminación hacia la persona homosexual es una injusticia grave” pero que el “matrimonio es un elemento estructurante de la vida social”. Las uniones de personas del mismo sexo “se contraponen a los presupuestos biológicos y antropológicos del matrimonio”, “no tiene nada que ver una cosa con la otra”, enfatizó. Habló de las diferencias objetivas que tienen el varón y la mujer. “Somos varones o mujeres desde la concepción”, resaltó, hay desde entonces “una carga genética”. “El matrimonio encuentra su razón de ser en la complementariedad (física, psíquica y espiritual) del varón y la mujer”, sostuvo. Mencionó a la homosexualidad como una “alteración de la personalidad”, “un proceso de inmadurez en el desarrollo sexual” y sugirió posibles causas. Citó los riesgos de la homosexualidad: 20 años menos de expectativa de vida, mayor contagio de enfermedades de transmisión sexual, uniones menos duraderas, mayor promiscuidad; y llamó la atención sobre la gravedad de entregar a los niños a padres con estas características. Exhortó finalmente a los senadores a centrar su atención en esos niños.
Rodolfo Carlos Barra, ex Ministro de Justicia de la Nación, ex Ministro de la CSJN: resaltó tres aspectos jurídicos de la legalización del “matrimonio” homosexual: 1) es inconstitucional en sí mismo, 2) es contrario al derecho constitucional vigente y 3) es inconstitucional respecto al sistema jurídico internacional. Destacó que “si los constituyentes hubieran querido uniones homosexuales lo habrían escrito expresamente”. Que el Derecho de Gentes es contrario a estas uniones, que hasta hace pocos años ninguna sociedad civilizada las admitía y que, aún ahora, en lugares como España que las legalizó “hay fuertes cuestionamientos”. Estas uniones no se admiten en países con “militancia atea” como China o Cuba, dijo, y concluyó: “no es una cuestión religiosa”. Destacó que el art. 2º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona la no discriminación por sexo, cosa que omite el art. 16º referido al matrimonio, “no fue por olvido”, resaltó. Solicitó que en temas como éste los partidos políticos tengan una postura clara y afirmó que una reforma de esta envergadura “debería entrar por la puerta grande de la Constitución” y no por una ley del Congreso.
Analia Pastore, abogada, especializada en Bioética Jurídica: sostuvo que en los casos de adopción “además de la orientación sexual de los pretensos padres hay que mirar el interés del niño”. Afirmó que existen ventajas en los niños criados por padre y madre, “la importancia de la familia tradicional ha quedado demostrada”, “es beneficiosa la complementariedad sexual de padre y madre en el desarrollo de los niños”. Resaltó que “los niños concebidos por reproducción artificial no han prestado su consentimiento informado”. Remarcó que es distinto el amor que brindan el padre y la madre “dos mujeres pueden ser dos buenas madres, nunca un padre”. Describió los beneficios que el niño recibe en su relación con cada sexo, enfatizando el modo en que “padre y madre contribuyen, de modo irremplazable, en la crianza de los niños”. Exhortó a tener en cuenta, a la hora de legislar, la salud física y mental de las personal homosexuales. Citó muchas estadísticas y estudios comparativos sobre relaciones homosexuales y heterosexuales (duración, fidelidad, búsqueda del hijo, violencia doméstica, etc). Afirmó tras ello que son “dos estructuras sociales absolutamente distintas” y que la legalización de las uniones homosexuales “tiene un resultado previsible”. Exhortó finalmente a no tomar a los niños como “conejillos de Indias de los experimentos sociales”, se les provocaría un “enorme daño” difícil de revertir y “la sociedad pagaría un alto precio”, concluyó.
Pbro. Dr. Julio Raúl Méndez, ex vicerrector de la Universidad Católica de Salta, especialista en temas de bioética: aseguró que la propuesta de “matrimonio” para personas del mismo sexo se basa en “reclamos sociales” (pensión, herencia, obra social…) que se pueden resolver por vía del derecho privado con una “clara manifestación de la voluntad”. Pidió que se abandonen recursos retóricos como la contraposición entre “matrimonios heterosexuales fracasados” y parejas homosexuales “felices”. Requirió que “no se les niegue a los niños el vínculo biológico” porque “aún con la reproducción artificial”, aclaró, somos “producto de varón y mujer”. En el caso de adopción hay que intentar restaurar los vínculos que el niño perdió, sostuvo. “El niño necesita de ambas figuras para su desarrollo psico-sexual”. “No somos cuerpo, tenemos cuerpo”, expresó, “y ese cuerpo ni es descartable, ni es disponible”. A diferencia de la moral, explicó, “al derecho no le interesa la forma en que buscamos el placer”. “La afectividad y la vida íntima son casi inasibles para el derecho”, “la sexualidad de las personas no debe ser protocolizada”. Sostuvo que “el proyecto busca quitarle al matrimonio lo que lo define”. Se excluye la corporeidad “como si el ser humano fuera sólo lo psíquico-volitivo”. Se busca el “matrimonio” por “la carga simbólica y su prestigio” y “se afecta el núcleo de razonabilidad del matrimonio”.
Úrsula Basset, Dra. en Ciencias Jurídicas, especializada en Derecho de Familia: resaltó que está en las manos de los legisladores “el futuro de todos”. Recordó que para Aristóteles, “las leyes se hacen luego de deliberar largamente, porque no versan sobre casos particulares y presentes sino sobre la generalidad y para el futuro”. El matrimonio, advirtió, es “una institución de derecho privado pero de interés público”. El objeto del matrimonio es “el consorcio de toda la vida”, “lo que define al matrimonio no es el afecto, sino el consorcio” y ese consorcio apareja deberes (monogamia, fidelidad, convivencia, etc.) que las parejas del mismo sexo “no tienen interés en cumplir”. Citó a Andrew Sullivan, un destacado activista homosexual norteamericano, que sostiene “que las relaciones gay-lésbicas son abiertas”. El matrimonio impone “cargas”, enfatizó, el cónyuge es el que “yuga con otro”. “Igualar no es uniformar”, enfatizó, e inquirió “¿dónde está la pluralidad?” “¿esto es diversidad?”. “El matrimonio es un traje a medida y la neutralidad de género no le cabe a nadie”. Aunque no la mencionó expresamente, rebatió inexactitudes y falacias vertidas en ese ámbito por la Dra. Mónica Pinto, Decana de la Facultad de Derecho de la UBA. “Lo bueno de este debate, destacó finalmente, es que, gracias a estas instancias, por fin empieza a recuperar espacio en la agenda política la familia”. “La familia, el matrimonio y el mandato constitucional tan olvidado de su protección, empieza a ser políticamente correcto”. “Que los legisladores sepan escuchar esta novedad”, remató.
Cristián Conen, prof. de Derecho de Familia y director del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral: habló de tres ejes: 1) los ciudadanos involucrados, 2) el núcleo del debate y 3) la actitud razonable del poder legislativo. Con respecto a lo primero destacó que “las personas de condición homosexual son, en tanto personas, titulares de todos los derechos”, que merecen un “trato digno”, que incluye “la verdad”. Mencionó que el mismo psiquiatra que lideró el lobby gay que en el año 73 logró que se retire la homosexualidad del manual de desórdenes mentales, hoy se dedica a la recuperación de homosexuales con un alto porcentaje de éxito. En cuanto a lo segundo, el núcleo del debate, destacó que es “la identidad del matrimonio”, que “cultural e históricamente ha sido una unión que pone en común la diversidad sexual”. Afirmó que el matrimonio “no es un contrato para ser padres” pero que forma parte de su esencia “la tendencia al hijo”. Habló del bien de los esposos, que se logra con la “riqueza diversa del otro cónyuge” y de la educación de los hijos. Finalmente, al referirse al rol del estado, mencionó el “habitat” óptimo para el niño, afirmó que el gran desafío del siglo XXI es la “ecología humana” y enumeró problemas que acarrea la falta de ese “habitat” (violencia, suicidios, droga, delincuencia, etc). Al concluir exhortó a los legisladores a no hacer “ensayos sociales”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario